La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, oficializó este viernes desde San Cristóbal, el inicio del año judicial en el estado Táchira.
La máxima autoridad del TSJ presidió un acto solemne efectuado en las instalaciones del auditorio principal del Colegio de Abogados de la entidad fronteriza, donde estuvieron presentes las principales autoridades judiciales de la región andina.
“Hemos adoptado la cultura de rendición de cuentas y es allí donde se refleja el trabajo de la justicia venezolana porque es necesario informar a todos lo que el TSJ desarrolla en materia judicial”, indicó.
Señaló que el Poder Judicial se empeña en desarrollar las áreas de administración de justicia que concierne al acceso a ella por parte de los excluidos y no se incline hacia algunas áreas tradicionales.
“Queremos abrir la posibilidad que en aquellos aspectos de la vida diaria en los cuales sea necesario se establezca un principio de igualdad de los derechos y donde el TSJ pueda llegar”, apuntó.
Recalcó que la justicia en el estado Táchira ha logrado un trabajo impecable y eficiente en liberar la mora ante judicial.
Explicó que en la entidad fronteriza durante el año 2008 el Poder Judicial procesó en el área civil, 13 mil 524 y fueron decididas unas 14 mil 106.
Asimismo, en el área de la protección del niño, niña y adolescentes, se ingresaron seis mil 394 y fueron decididas unas siete mil 333. En la responsabilidad penal del adolescente, ingresadas mil 636 y causas decididas dos mil 357. En el área laboral, ingresaron mil 454 expedientes y fueron decididas 876 casos.
En el proceso penal se presentaron 22 mil 500 y procesadas 22 mil 79. Morales señaló que en total fueron presentadas ante el poder judicial 45 mil 508 ingresos y 46 mil 753 causas decididas. “Estas cifras reflejan un alto nivel de eficiencia y se está resolviendo no solo en los ingresos de expedientes sino en aquellos casos atrasados que permanecían archivados”, apuntó.
La presidenta del TSJ aseguró que la meta cumplida se logró gracias al incremento en el país de jueces especializados en las áreas de derechos al niño, niña y adolescente; cortes agrarias, laborales y tribunales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y juzgados para delitos no comunes.