Hecho ocurrido durante los años 2003 y 2004
El Ministerio Público imputó al alcalde del municipio Michelena estado Táchira, Ely Omar Pernía Sánchez, por su presunta vinculación en irregularidades administrativas ocurridas entre el período 2003 y 2004, durante la construcción de 100 viviendas en la citada jurisdicción.En su despacho, el fiscal 23 de Táchira, Jean Carlos Castillos, imputó a Pernía Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y tráfico de influencia, previstos y sancionados en los artículos 52 y 71, respectivamente, de la Ley Orgánica Contra la Corrupción.
Una vez imputado, el Alcalde de Michelena, adquiere los derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el conocimiento de las actas que conforman la presente investigación, así como la posible solicitud de diligencias y actuaciones que considere pertinente realizar.
De acuerdo con la investigación, durante el año 2003, el hoy imputado, habría designado a los ciudadanos Guillermo Márquez Chacón y Carlos Javier Pérez, como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda del municipio Michelena.
El 07 de marzo de 2003, la Gobernación de Táchira presuntamente emitió una orden especial de pago por la cantidad de 480 mil Bs.F, por concepto de un aporte del 50% para la construcción de 100 viviendas en esa localidad.
Dicha obra no fue ejecutada en su totalidad, en virtud de que la referida institución solo construyó 15 viviendas, mediante negociación realizada entre el presidente y vicepresidente del ente municipal con el ciudadano Franklin Vivas González, de quien se determinó que no era comerciante en el ramo ferretero, pues se desempeñaba como obrero en una estación de gasolina, ubicada en el municipio San Cristóbal.
Por este mismo hecho, el presidente del prenombrado instituto, Guillermo Márquez Chacón fue sentenciado a 3 años de presidio, por el Tribunal 8° de Control de esa jurisdicción, por el procedimiento especial de admisión de hechos. Asimismo fue instado a reparar el daño causado al patrimonio del estado.
