Tal y como lo señalara el Legislador Anaro García, el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, así como otras instalaciones deportivas, podrían ser víctimas de embargos, pues algunas constructoras que prestaron sus servicios para la construcción y remodelación de éstas, aún no han recibido el pago por concepto de la terminación del contrato, por lo que entablaran una demanda contra el Estado para que cancele la deuda, que asciende a veinte millones de bolívares fuertes y que de lograrse las acciones legales, puede afectar el presupuesto que el Ejecutivo Nacional envía al Táchira para la ejecución de obras.
El Legislador por el Partido Patria Para Todos, Anaro García denunció el peligro de embargo que sobre las instalaciones del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo pesa, debido a la presunta falta de cancelación de los contratos de las empresas que trabajaron en la remodelación de este escenario deportivo, así como de contratistas que participaron en la remodelación de otras instalaciones para la realización de los juegos nacionales Andes 2005.
Agregó el legislador tachirense que el Consejo Legislativo Estadal creó una Comisión Especial para evaluar la situación que se viene presentando con la Unidad de Ejecución Regional, UCER, "por el daño que se le puede estar haciendo al patrimonio público o de las empresas que contrataron con motivo de Andes 2005 y Copa América".
Comisión Especial
Destacó García que la Comisión Especial, además la integran Wilman Araque y José Rosario González, y que la misma ya ha arrojado resultados producto de las inspecciones que de manera conjunta se realizaron con la Contraloría General del Estado.
Preocupación
El Legislador Anaro García, ve con preocupación el hecho de que luego de las denuncias que él mismo ha hecho, la directora de esta Unidad de Ejecución Regional (UCER), Janet Pernía, mantiene la posición de que no hay morosidad alguna con las empresas contratadas para tales eventos deportivos.
Añadio el Legislador García, que no tiene aval, ninguna prueba de que haya pagado lo respectivo a la partida correspondiente para una planta eléctrica, sistema hidroneumático, los baños, etc., dijo.
De la misma forma, acotó García que si estas empresas decidieran hacer un embargo a los bienes que no les han sido cancelados, "tendríamos un estadio totalmente desmantelado", con lo que peligraría el desempeño de los jugadores, así como la calidad de los eventos que allí se realizan”.
Presupuesto
Sobre la deuda que mantiene la Gobernación del Estado Táchira, con las empresas de construcción, el parlamentario señaló que la misma asciende a los veinte millones de bolívares fuertes, lo que equivale a veinte mil millones de bolívares de los antiguos, y que la misma podría seguir subiendo, de no llegar a liquidarse, lo que causaría una enorme falla en el “Situado Constitucional” designado por el Gobierno nacional. "No podría el estado en todo el año, hacer ninguna obra social ni ninguna inversión social".
Otros escenarios
Existen otros escenarios deportivos que podrían sufrir de un embargo, tal es el caso del Gimnasio de Balonmano, de Tiro con Arco, la Fosa Olímpica, entre los que no han logrado cerrar los contratos de construcción y/o remodelación.
Empresas
Samarco, Samarca y Niquitao son parte de las empresas contratistas que prestaron sus servicios para la construcción y remodelación de estos escenarios deportivos. Indicó el parlamentario que se les debe reconocer el esfuerzo que realizaron, así como el pago por la prestación del trabajo ahí hecho, por lo que no se puede permitir, según García, que tales empresas, en vista de que no obtienen sus liquidaciones, embarguen los escenarios deportivos.
