Diputado AN, Edgar Lucena
La
acción judicial se ejecutó en la Secretaria General de Gobierno de la
Gobernación del estado Táchira, dirigida por el abogado Julio César
Hernández. El pasado jueves 10 de mayo del presente año, el Consejo
Legislativo Regional, destituyó al Secretario General de Gobierno,
por su aparente vinculación con la nómina paralela descubierta en la
gobernación tachirense, que implica la sustracción fraudulenta de 4,5
millones de bolívares.
Tal
decisión está enmarcada en el artículo 15 numeral 12 de la Ley Orgánica
de Consejos Legislativos Estadales que señala: "Solicitar la remoción,
destitución o retiro del Secretario o Secretaria General de Gobierno, y
de los directores generales sectoriales que con abuso de autoridad,
negligencia e imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen o
menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial a
la administración o a los particulares.
Cuando la solicitud de destitución o remoción se apruebe con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, su acatamiento será obligatorio para el Gobernador".
Abogado Julio César Hernández, Secretario General de Gobierno
Este viernes 8 de junio en horas del mediodía se practicó el allanamiento de la Secretaría General del autodenominado "Gobierno Democrático del Táchira" por los presuntos hechos de corrupción que señalan
la gestión del mandatario tachirense César Alejandro Pérez Vivas, dirigente del
opositor partido Copei, que la Asamblea Nacional (AN) investiga.
Se conoció la información a través de un contacto telefónico del canal televisivo ANTV con el diputado socialista a la AN Edgar Lucena, integrantes de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN.
Tales irregularidades administrativas se refieren a la existencia de una nómina paralela de la gobernación de la entidad andina, que implica la sustracción fraudulenta de 4,5 millones de bolívares.
El Consejo Legislativo regional aprobó el jueves 10 de mayo la destitución, por su aparente vinculación con este caso, al secretario General de Gobierno, abogado Julio César Hernández.
La diputada regional Zoraida Parra (PSUV), el 9 de febrero de este año, denunció en una rueda de prensa la existencia de tal nómina paralela.
El diputado a la AN Abelardo
Díaz (Copei-Táchira), quien fuera en el pasado presidente de
Fundatachira, dependencia de la Gobernación del estado Táchira, aboga
por el Gobernador César Pérez Vivas alegando que, según el parlamentario, estaba inocente de esa situación y lejos de ser responsable es “víctima”.
El Ministerio Público (MP) acusó a la ex tesorera de la gobernación Alix Debia por presunta vinculación con irregularidades en la cancelación de pasivos laborales, entre julio y diciembre de 2011, lo cual derivó en un daño patrimonial estimado en más de 4 millones 500 mil bolívares, ya puntualizado; así como a los ex directores de Finanzas Elsy Márquez de Peña, y de Planificación y Desarrollo Hilario Valladares,
“por los delitos de peculado doloso propio continuado, malversación
genérica continuada, asociación para delinquir y fraude informático en
grado de facilitadores”.
Debia, Valladares y Márquez fueron detenidos el 18 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC), en San Cristóbal, tras la orden de aprehensión solicitada por el MP y acordada por el Tribunal 2º de Control de esa jurisdicción.
La Fiscalía también acusó por este caso al ex director de Personal de la Gobernación Felipe Montilla y al ex analista de nómina Pedro Celis./.
